* Qué es la E.I.A.

Se llama Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) al procedimiento técnico-administrativo que sirve para identificar, evaluar y describir los impactos ambientales que producirá un proyecto en su entorno en caso de ser ejecutado, todo ello con el fin de que la administración competente pueda aceptarlo, rechazarlo o modificarlo. El concepto apareció primero en la legislación de Estados Unidos y se ha ido extendiendo después a la de otros países. La Unión Europea la introdujo en su legislación en 1985, habiendo sufrido la normativa enmiendas en varias ocasiones posteriores.

* Por qué se lleva a cabo

La EIA se ha vuelto preceptiva en muchas legislaciones. Las consecuencias de una evaluación negativa pueden ser diversas según la legislación y según el rigor con que esta se aplique, yendo desde la paralización definitiva del proyecto hasta su ignorancia completa. Este tipo de control ambiental se refiere siempre a un proyecto específico, ya definido en sus particulares tales como: tipo de obra, materiales a ser usados, procedimientos constructivos, trabajos de mantenimiento en la fase operativa, tecnologías utilizadas, etc.

Se pretende mediante la EIA establecer con detalle cuáles serán los parámetros que determinarán las diferentes alternativas de actuación y definir con precisión la magnitud de las mismas. Por otro lado, se estudia la sensibilidad de la ejecución del proyecto a influencias externas, así como su influencia sobre otros proyectos o ámbitos de actuación, incidiéndose de forma primordial en la importancia relativa que puedan tener sus efectos directos y específicos.¿

Este procedimiento administrativo se inicia con la presentación de la memoria, que es un resumen por parte del promotor, sigue con la realización de consultas previas a personas e instituciones por parte del órgano ambiental, continúa con la realización del Estudio de Impacto Ambiental a cargo del promotor y su presentación al órgano sustantivo. Se prolonga en un proceso de participación pública y se concluye con la resolución por parte del Órgano Ambiental.

* Marco regulador

Las sucesivas directivas provenientes de la Unión Europea obligaron a España a trasponer en su normativa la legislación del impacto ambiental. Aunque en un principio existió cierta oposición por considerar que cumplir dicha normativa haría menos competitiva a las empresas, la transposición se ha realizado de la siguiente forma:

La Directiva 85/337/CEE se traspasaría mediante Real Decreto Legislativo 1.302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. Fue sustituido por la Ley 6/2001, de 8 de mayo de Impacto Ambiental, que obligaba a realizar la evaluación en 112 tipos de proyectos.

La Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, derogó la anterior y ha sido objeto de trasposición al ordenamiento interno español mediante la Ley 21/2013, de 9 de diciembre (BOE del 11), de evaluación ambiental,¿ vigente desde el 12, aunque actualmente se encuentra en proceso de revisión. La evaluación de impacto ambiental se encuentra definida en el Título II, capítulo II (artículos 33. y siguientes) de dicha Ley. Dicha tiene carácter básico en su mayor parte, por lo que aplica en nuestra Comunidad Autónoma de forma directa y preferente sobre las previsiones contenidas en la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre (BOC del 21), de control ambiental integrado, sin perjuicio de exigencias más estrictas que se puedan imponer.

* Sobre qué proyectos se aplica

Precisamente, la parte más interesante de esta Ley son los anexos, en los que aparecen un gran número de actividades que deben someterse al procedimiento de impacto ambiental y asimismo establece unos criterios bastante objetivos para decidir, obligando así realizar evaluación de impacto ambiental (ordinaria o simplificada, según de qué anexo se trate) a un vasto abanico de actividades de ganadería; industria extractiva; industria energética; industria siderúrgica y del mineral; industria química, petroquímica, textil y papelera; proyectos de infraestructuras; proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua; proyectos de tratamiento y gestión de residuos; así como proyectos que se desarrollen en Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales.

Según lo dispuesto en el artículo 7. de la ley 21/2013, serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes proyectos:

  1. Los comprendidos en el anexo I, así como los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados.
  2. Los comprendidos en el anexo II, cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental, en el informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del anexo III.
  3. Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el anexo I o en el anexo II, cuando dicha modificación cumple, por sí sola, los umbrales establecidos en el anexo I.
  4. Los proyectos incluidos en el anexo II, cuando así lo solicite el promotor.

Serán, por su parte, objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada:

  1. Los proyectos comprendidos en el anexo II.
  2. Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de forma apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000.
  3. Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del anexo II en ejecución o ya ejecutado, distinta de las descritas anteriormente, que pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. Se entenderá que esta modificación puede tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente cuando suponga:
    1. Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera.
    2. Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral.
    3. Incremento significativo de la generación de residuos.
    4. Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales.
    5. Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000.
    6. Una afección significativa al patrimonio cultural.
  4. Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo II mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados.
  5. Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o ensayar nuevos métodos o productos, siempre que la duración del proyecto no sea superior a dos años.

La EIA puede concluir de dos formas:

  1. Mediante la «Declaración de Impacto Ambiental», respecto de los sometidos al procedimiento de evaluación de impacto ordinaria, conforme a lo dispuesto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de la Ley.
  2. Mediante el «Informe de Impacto Ambiental», respecto de los sometidos al procedimiento de evaluación de impacto simplificada, conforme a lo dispuesto en la Sección 2.ª del Capítulo II del Título II.