Qué es la AAI

La Autorización Ambiental Integrada (AAI) es una figura de intervención administrativa que, para las instalaciones afectadas, sustituye al conjunto de autorizaciones ambientales existentes hasta la entrada en vigor de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, y que establece un condicionado ambiental para la explotación de las actividades e instalaciones contempladas en el Anexo I de dicha Ley. Esta autorización se otorga con carácter previo a cualquier otra autorización o licencia sustantiva exigible, y es de carácter vinculante para todo lo relativo al condicionado ambiental. La AAI incluye todos los aspectos ambientales, y aquellos otros relacionados que consideren las autoridades ambientales competentes, de acuerdo con la legislación básica estatal y las correspondientes autonómicas.

La AAI aglutina diversas autorizaciones que las empresas tenían que solicitar por separado:

  • Autorización de actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera.
  • Autorización de producción y gestión de residuos.
  • Autorización de vertidos a las aguas continentales.
  • Autorización de vertidos desde tierra al mar.
  • Otras exigencias contenidas en la legislación sectorial aplicables a distintos sectores industriales.

* Por qué se lleva a cabo

Las AAIs se enmarcan, pues, dentro la más pura actividad de policía administrativa y se utilizan para comprobar que, antes de su entrada en funcionamiento, las actividades de los sectores primario y secundario potencialmente más contaminantes o peligrosas para la salud o la seguridad de las personas se ajusten al cumplimiento de la normativa ambiental genérica y específicamente aplicable a cada una de las mismas, buscando como fin último un elevado nivel de protección del medio ambiente, en su conjunto, mediante la aplicación de los principios de prevención y control ambiental de una forma integrada, con el fin de impedir la transferencia de contaminación de un medio a otro. Para ello impone específicamente para cada instalación valores límite en todos los vectores ambientales (atmósfera, aguas, ruidos, residuos, suelos...) -así como planes de vigilancia al respecto- que se basarán en las mejores técnicas disponibles; todo ello teniendo en consideración las características técnicas de la instalación, su implantación geográfica y las condiciones locales del medio ambiente, sin perjuicio del mantenimiento constante de un desarrollo sostenible.

El órgano competente para otorgar las AAIs es la comunidad autónoma correspondiente donde se ubique la instalación. Estas autoridades deben hacer público el listado de autorizaciones otorgadas en su ámbito territorial.

* Marco regulador

Desde que en 1967 se aprobó la primera Directiva de carácter ambiental, la protección y conservación del medio ambiente ha sido una de las principales inquietudes de la Comunidad Europea, hasta tal punto que ha terminado incorporándose a los Tratados como una verdadera política comunitaria, cuyo principal objetivo es el de prevención, de acuerdo con las previsiones de los sucesivos programas comunitarios de acción en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible.

Una de las actuaciones más ambiciosas que la Unión ha puesto en marcha para la aplicación del principio de prevención en el funcionamiento de las instalaciones industriales más contaminantes, ha sido la aprobación de la Directiva 1996/61/CE, relativa a la prevención y al control integrado de la contaminación, mediante la que se establecen medidas para evitar, o al menos reducir, los residuos y las emisiones de estas actividades en la atmósfera, el agua y el suelo.

La incorporación al ordenamiento interno español de la mencionada Directiva se produce mediante la Ley 16/2002, del 1 de julio (BOE del 2), de prevención y control integrado de la contaminación, cuyos preceptos tienen el carácter de legislación básica estatal. Esta ley fue desarrollada por el Real Decreto 508/2007, de 20 de abril (BOE del 21), por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas, y por el Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.

Con el objeto de responder a la necesidad de mejoras de la salud pública y ambientales, asegurando la innovación tecnológica, la Unión Europea ha aprobado una nueva Directiva sobre esta materia, la Directiva 2010/75/UE, sobre las emisiones industriales, la cual ha introducido diversas modificaciones en la legislación de prevención y control integrados de la contaminación.

Estas modificaciones se han incorporado al ordenamiento español a través de la Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifica la Ley 16/2002 y la Ley 22/2011, de Residuos y Suelos Contaminados, así como mediante el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre (BOE del 19), por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y se deroga el Real Decreto 509/2007. La disposición final segunda de la Ley 5/2013 autorizaba al Gobierno para elaborar un texto refundido en el que se integrasen, debidamente regularizadas, aclaradas y armonizadas, las disposiciones en materia de emisiones industriales contenidas en normas con rango de ley. De conformidad con la citada habilitación se procedió a elaborar el texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre (BOE del 31), que es el que actualmente se encuentra en vigor. Dicha tiene carácter básico en su mayor parte, por lo que aplica en nuestra Comunidad Autónoma de forma directa y preferente sobre las previsiones contenidas en la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre (BOC del 21), de control ambiental integrado.

* Sobre qué instalaciones se aplica

Al ser una técnica regulada de forma exhaustiva en la normativa básica legal y reglamentaria del Estado directamente aplicable a todo el territorio nacional, el listado de instalaciones y actividades afectadas es común en todo el País; siendo las categorías de actividades e instalaciones son las siguientes:

  1. Instalaciones de combustión (refinerías de petróleo y gas; coquerías; u otras instalaciones de gasificación y licuefacción de combustibles).
  2. Producción y transformación de metales (minerales metálicos, aceros brutos, metales ferrosos, etc.)
  3. Industrias minerales (producción de cemento, cal y óxido de magnesio; vidrio, incluida la fibra de vidrio; fibras minerales o productos cerámicos).
  4. Industrias químicas (productos químicos orgánicos o inorgánicos; fertilizantes simples o compuestos; productos fitosanitarios o de biocidas; medicamentos o explosivos).
  5. Gestión de residuos (plantas para la valorización o eliminación de residuos peligrosos o no peligrosos; así como plantas de incineración o coincineración de residuos).
  6. Industria derivada de la madera (pasta de papel, papel o cartón, celulosa y tableros derivados de la madera).
  7. Industria textil (tratamiento previo o tinte de fibras o productos textiles).
  8. Industria del cuero (curtido).
  9. Industria agroalimentarias y explotaciones ganaderas (mataderos, tratamiento y transformación de materias primas animales o vegetales, eliminación de desechos, cría intensiva de aves de corral o de cerdos).
  10. Consumo de disolventes orgánicos (tratamiento de superficie de materiales o productos para aprestarlos, estamparlos, revestirlos y desengrasarlos, impermeabilizarlos pegarlos, enlacarlos, limpiarlos o impregnarlos).
  11. Industria del carbono (fabricación de carbono sinterizado o electrografito por combustión o grafitación).
  12. Industria de conservación de la madera (utilizando productos químicos).
  13. Tratamiento de aguas residuales (no contemplado en la legislación sobre aguas residuales urbanas, y siendo vertidas por una instalación con AAI).
  14. Captura de CO2 (procedentes de instalaciones con AAI y con fines de almacenamiento geológico).